El decreto que impone prórrogas obligatorias en el alquiler abre un escenario de inseguridad jurídica
El decreto que impone prórrogas obligatorias en el alquiler abre un escenario de inseguridad jurídica
El Real Decreto-ley 8/2026, aprobado por el Gobierno en el marco de las medidas anticrisis, introduce una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que venzan entre 2026 y 2027, junto con una limitación del 2% en la actualización de rentas. La norma, ya en vigor, deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de 30 días, en un contexto de fuerte oposición parlamentaria que anticipa su posible rechazo y plantea un escenario de elevada inseguridad jurídica tanto para arrendadores como para arrendatarios
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